CLASE 5/ Economía 1966-1976.

 Politica económica de Adalbert Krieger Vasena (1967-1970)

     El general Juan C. Onganía tomó el poder con la idea clara de que su gobierno no sería una transición más entre períodos constitucionales, sino que perduraría hasta restablecer el orden, solucionar los problemas económicos y terminar definitivamente con los conflictos sociales -estrechamente ligados, en la visión de los militares, a la existencia del peronismo. Política y economía iban de la mano. De todos modos, la idea de un programa en tres tiempos -el económico, el social y el político- establecía ciertas prioridades en cuanto a las medidas concretas a adoptar.

     Para el  equipo económico existía la convicción de que la inflación debía ser atacada sin provocar recesiones y que debían aplicarse controles económicos selectivos. Para resolver el problema compensa esta situación aplicando retenciones, impuestos a las exportaciones de productos agropecuarios y traslada esos ingresos a otros sectores, al desarrollo de la infraestructura y de la industria.

     Este  fue el eje del programa implementado por el segundo Ministro de Economía de Onganía, Adalbert Krieger Vasena, quien asumió el cargo en enero del año 1967. Se trataba de poner en práctica un plan innovador, que coordinara las medidas que afectarían a los precios, cambios, salarios y metas de los sectores agrícola e industrial.

La idea subyacente era que el principal problema de la economía argentina era el alto nivel de ineficiencia que afectaba tanto al sector público como al privado. Para resolver el tema de la ineficiencia industrial Krieger Vasena decide abrir un poco la economía a las exportaciones, ello con la idea de no seguir produciendo bienes para sustituir importaciones a cualquier costo, sino solo los que resulten convenientes. Como parte del plan de eficiencia del sector fabril el gobierno cierra algunas empresas muy viejas y obsoletas e interviene para rescatar otras, es el caso de los ingenios tucumanos, de Siam o La Cantábrica. Muchas de ellas terminaron en manos del Estado.

     El ministro anunció públicamente el 13 de marzo de 1967 lo que llamó "La Gran Transformación" de la economía argentina.  Para ello se promovería activamente la libre competencia y se eliminaría la excesiva protección arancelaria que había provocado tantas distorsiones.

También se proponía corregir viejos desequilibrios económicos, promoviendo la expansión de las exportaciones de manufacturas. Una vez más, se intentaría reestructurar las empresas y actividades estatales y racionalizar y modernizar la administración pública, de manera de reducir el gasto y el déficit.

Junto con las medidas antes enunciadas, el programa anti-inflacionario incluía una devaluación del 40%, y la desaparición de la mayoría de los controles sobre el mercado cambiario.

     La apertura y la consecuente exposición a la competencia externa despertó críticas de los grandes industrialistas locales, aunque perjudicó especialmente a las pequeñas y medianas empresas. La batalla de la CGE fue en contra de lo que se tildaba de "desnacionalización" de la industria y finanzas argentinas.

Un rápido repaso de las medidas del Ministro de Economía del General Ongania, Adalbert Krieger Vasena no puede soslayar los siguientes puntos:

1.      La devaluación del peso en un 40% para mantener los precios fijos un tiempo prolongado y darle estabilidad a los empresarios para programar sus inversiones. Así los inversores extranjeros pudieron comprar empresas argentinas y ello favoreció a la desnacionalización de la economía

2.      Congelamiento de salarios por 20 meses, con el objeto de acrecentar las ganancias de las empresas reduciendo el valor de los salarios.

3.      Acuerdo de precios y congelamiento de tarifas de servicios públicos y combustibles.

4.      Rebaja de aranceles aduaneros para  la importación en un 50%, se buscaba favorecer la reposición de insumos pero a la vez la entrada de productos industriales extranjeros.

5.      Aplicación de Retenciones  (o impuestos) del 25%  a la exportación de productos agropecuarios. Compensaba así el gobierno, las ganancias obtenidas por la devaluación del 40%. A la vez serían utilizadas por el Estado para paliar parte del déficit fiscal y llevar a cabo la obra pública.

     El FMI concedió un préstamo de 125 millones de dólares, y se obtuvieron otros préstamos de Europa y de EE.UU. Estos créditos más lo recaudado por las retenciones y la redistribución del gasto público se invirtió en grandes obras de infraestructura: la represa hidroléctrica Chocón-Cerros Colorados, la central nuclear de Atucha, la construcción de puentes y túneles a través del Río Paraná y sus afluentes y una gran extensión de rutas asfaltadas. Si bien se logró mantener los salarios constantes durante casi dos años, al tiempo que se suspendían las negociaciones colectivas y se reprimían las protestas, el levantamiento de la clase obrera durante varios días en Córdoba en mayo de 1969 probó el fracaso del gobierno en esta materia y precipitó el reemplazo de Krieger Vasena y, hasta cierto punto, la caída del propio Onganía un año después.

Del liberalismo al nacionalismo económico (1970-1973)

Tras la caída del general Juan C. Onganía, el 8 de junio del año 1970 reasumía la Junta Militar el poder del gobierno en la Argentina. La Junta designó al General Marcelo Levingston como presidente de la Nación. Durante su breve mandato, la política económica fue conducida primero, por Carlos Moyano Llerena, y luego por Aldo Ferrer.

“Aldo Ferrer modificó el enfoque de la política económica y asumió políticas nacionalistas, favorables a las  pequeñas y medianas empresas de capital nacional. Ferrer devaluó la moneda, expandió el gasto público, implnató la ley de “compre argentino” para los contrato del Estado y flexibilizó la política crediticia para empresas nacionales. También se aplicaron controles de precios e incluso se estableció una veda para la carne. El gobierno autorizó la vuelta del sistema de paritarias y, a comienzos de 1971, permitió aumentos salariales, que en promedio alcanzaron el 30%. En ese escenario, no resulta sorprendente que la infación subiera de 14% en 1970 a 35% en 1971. Aunque parte de ese aumento se debió al impacto de la infalción internacional y a la recuperación de los precios de la carne”[1]

     Claudio Bellini afirma que si bien se aplicaron controles de precios para artículos de la canasta familiar y se retornó al sistema de acuerdos de precios con las grandes empresas, la inflación llegó al 58% en el año 1972.

El tercer gobierno peronista (1973-1976).

De la política económica de Gelbard y el Pacto Social al “Rodrigazo”

     En el año 1973 retornarton nuevamente los gobiernos peronistas, luego de 18 años de proscripción, asume primero Héctor J. Campora (25/05/73-13/06/73) y tras convocar a neuvas elecciones en el ems de octubre de ese mismo año triunfa la fórmula Perón-Perón (Juan D. Perón y María E. Martínez de Perón) con una situación política bastante convulsionada y desde el punto de vista económico quien fue convocado  como ministr de Economía, tanto por Héctro J. Cámpora por Juna D. Perón, es José Ber Gelbard.

      Se van a reiniciar las políticas económicas del primer peronismo: básicamente un incremento importante del ingreso de los trabajadores, una ampliación del consumo, pero también un Plan Trienal que intenta impulsar tanto la producción agropecuaria como la producción industrial (sobre todo las industrias de base y el desarrollo de industrias de maquinarias), tratando de incorporar la exportación de productos industriales dentro de la economía argentina. Pero la situación económica internacional no era la misma que en el año 1946 y aparecen allí algunas situaciones que van a distorsionar las variables económicas de la Argentina, sobre todo la situación generada por la crisis del año 1973.

     El peronismo privilegio la alianza de clases y quiso reeditar la política social y económica de su gobierno anterior. Para ello necesitaba apoyar a los sectores de la burguesía nacional y ampliar el mercado interno (más consumidores con mayor poder adquisitivo). El proyecto de José Ber Gelbard fue el de un capitalismo nacional autónomo, apoyado en una alianza entre sectores empresariales y el movimiento obrero, con el acuerdo básico de los distintos partidos políticos del país.

     El “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social”, más conocida como “Pacto Social” fue firmada por José Rucci, por la CGT, en representación de los trabajadores, Julio Broner, como representante de los empresarios de la CGE (Confederación General Empresaria) y José Ber Gelbard, por parte del Estado, el 30 de mayo del año 1973.

Rodolfo Terragno afirma que las medidas más importantes del “Pacto Social” pueden enumerarse de la siguiente forma:

-          Impuesto a la renta potencial de la tierra. El Estado fijaría, de acuerdo con estadísticas previas y cálculos de expertos, la renta presunta que debía dar cada predio, debidamente explotado. Si su explotación arrojaba una renta inferior, el dueño sería sancionado con un impuesto progresivo, destinado a castigar la ineficiencia.

-          Expropiación de tierras ociosas. Las tierras cultivables no explotadas, quedarían sujetas a expropiación por parte del Estado. Este abonaría las respectivas indemnizaciones con bonos, y a largo plazo.

-          Suspensión de los desalojos rurales. Los arrendatarios de predios rurales se verían protegidos, por un tiempo, contra todo intento de desalojo judicial. Los inversionistas en tierras cultivables, que las hubieren dado en arriendo a productores no propietarios, deberían soportar así la prórroga legal de los arrendamientos y la no actualización de los cánones, sin poder recurrir al desalojo.

-          Nacionalización de las exportaciones de granos y carnes. Los productores de cereales y carnes deberían vender su producción al Estado, y éste se encargaría de su colocación en el exterior. La idea era impedir la fuga de divisas (producida por la sub–facturación, en las exportaciones realizadas por las grandes corporaciones privadas) y permitir la negociación de Estado a Estado, particularmente con los países socialistas.

La medida propuesta equivalía a estatizar buena parte del comercio externo                      de la Argentina, ya que cereales y carnes representaban 52% de las exportaciones anuales del país.

-          Represión penal de la evasión impositiva. Se tipificaba la evasión como delito, sancionado con prisión. Se creaba, asimismo, la “cédula impositiva”, que sería otorgada anualmente por el ente recaudador a cada contribuyente que presentara su declaración de impuestos. La “cédula impositiva” sería indispensable para realizar transacciones inmobiliarias, constituir sociedades y salir del país. El propósito era tener bajo control a los sectores de ingresos no fijos (profesionales, empresarios), que hasta entonces tenían facilidades para evadir.

-          Corporación de Empresas del Estado. Diseñada a semejanza del I.R.I. italiano, su función sería la de coordinar las actividades de las empresas estatales. En la Argentina el Estado tenía el monopolio del petróleo, el gas y varios servicios públicos. Asimismo, había empresas estatales operando en siderurgia, electricidad, construcciones navales y un sinnúmero de actividades.

-          Nacionalización de los depósitos bancarios. El Banco Central dispondría de los depósitos de todos los bancos, y fijaría su destino. De este modo, el Estado –sin nacionalizar los bancos privados– se aseguraría el manejo del crédito, evitando el reciclaje de fondos practicado por los grandes bancos particulares (en su mayoría extranjeros), que acaparaban las cuentas de las empresas multinacionales y canalizaban hacia ellas mismas los mayores créditos.

-          Inversiones extranjeras. El nuevo régimen de inversiones extranjeras sería similar al vigente en los países del Pacto Andino: prohibición de adquirir empresas ya constituidas, de capital nacional; exclusión de los capitales extranjeros en determinadas áreas (servicios públicos, bancos, seguros, transportes, medios de comunicación social); límites a la transferencia de utilidades, la repatriación de capital y el endeudamiento externo; prohibición de efectuar pagos a las casas matrices; imposibilidad de obtener avales del Estado; nulidad de las cláusulas que establecieran, para las cuestiones judiciales, una jurisdicción que no fuera la de los tribunales argentinos; y otras restricciones. [2]

     La mayoría justicialista en ambas Cámaras del Congreso hizo posible la sanción de varias de estas leyes. Sin embargo, la ley de la renta potencial de la tierra, no pudo ser sancionada por presión de la Sociedad Rural Argentina. Esta situación sumada a la falta de crédito internacional y a la crisis del petróleo de 1973, que encareció el combustible y erosionó el control de precios, pusieron límites al desarrollo del plan “Gelbard”.

El ministro logró un convenio comercial con la URSS para exportar trigo durante cinco años y otorgó un crédito comercial a Cuba, rompiendo con el bloqueo vigente desde el año 1962.

     Si bien los resultados del plan “Gelbard” fueron exitosos., se produjeron inconvenientes El más notorio era el desabastecimiento de algunos productos. Los productores pecuarios retenían animales, ciertas industrias mermaban su producción y los mayoristas acaparaban mercaderías. Esperaban que presionado por la escasez, el gobierno liberara los precios, a los cuales les había puesto topes.

Por otra parte, el mercado europeo de carnes estaba cerrado (en virtud de medidas proteccionistas de la Comunidad Económica Europea) y eso le creaba a la Argentina, dificultades para colocar el producto al cual le debía, en situaciones normales, 25%  de las divisas entradas por año.

    

     La crisis del petróleo iba a encarecer, tanto las importaciones del petróleo mismo (producto que la Argentina había vuelto a importar en cantidades significativas, luego del autoabastecimiento alcanzado en el año 1962) sino el de todos los productos industriales y bienes intermedios que el país necesitaba comprar en el exterior.

El Plan Trienal 1974-77, que el general Juan D. Perón presentaría al país el 21 de diciembre del año 1973, detallaba los principales objetivos y preveía los instrumentos que permitirían alcanzarlos: “El plan se propone que el dinamismo de la economía se vaya trasladando de los monopolios extranjeros, como ha ocurrido durante el último período, hacia el conjunto del sector productivo nacional, el Estado y los empresarios nacionales". En este sentido, el principal punto de mira previsto era la industria: la Argentina debía avanzar en el proceso sustitutivo de importaciones, con predominante participación del empresariado nacional. 

     La otra meta principal del Plan se refería a la “…puesta en marcha de un proceso gradual y acelerado de distribución del ingreso nacional que restituye a los asalariados una participación justa en el ingreso nacional”.

El mecanismo previsto para avanzar en la redistribución del ingreso, era el de producir ajustes salariales por encima del incremento de los precios, controlando estos últimos a través del Pacto Social. En cuanto a la inversión, se la estimularía compensando los mayores costos salariales mediante dos expedientes: el mantenimiento de un tipo de cambio bajo que abaratara las compras externas de insumos y bienes de capital (pero con un régimen de importaciones selectivo, que brindara protección a la industria local), y la instrumentación de una serie de estímulos fiscales y crediticios que hicieran posible una sostenida expansión de las exportaciones de manufacturas, principalmente dirigidas a los nuevos mercados. En cuanto al estímulo de la inversión privada, se contaría asimismo con la Ley de Promoción Industrial, que permitiría favorecer con exenciones impositivas y facilidades crediticias a las empresas nacionales que efectuaran radicaciones importantes en ramas de interés, y en especial en el interior del país. 

El 1° de julio del año 1974 fallece Juan D. Perón y con él la contención política y social que mantenía vivo el Plan Trienal y el poder de José Ber Gelbard. Entre los obreros, la reacción no había estallado hasta entonces porque ellos confiaban en su Líder. El 12 de junio, cuando el propio presidente se viera en la necesidad de llamar al pueblo y amenazar con su renuncia, se había comprobado lo difícil que sería llevar adelante los planes de su ministro de Economía.

     El déficit estatal, el alza del petróleo, la “inflación importada” y el desabastecimiento, habían repercutido en los salarios. En los hechos, los perjudicados eran aquellos a quienes, según sus enunciados, la política económica se proponía beneficiar: los trabajadores y el empresariado menor.

Con la asunción de María Estela Martínez de Perón (“Isabel”), el poder político fue ejercido por un tiempo por el ministro de Bienestar Social y Secretario Privado de la Presidenta, José López Rega, quien encarnaba (según la unánime opinión de los historiadores), a los sectores de la derecha dentro del peronismo.

Del “Rodrigazo” al Golpe de Estado (1975-1976)

     Celestino Rodrigo asumió el 2 de junio del año 1975: un ingeniero industrial, profesor de física y dibujo de máquinas, que había trabajado en el Banco Industrial y, desde el año 1973, se desempeñaba en el ministerio de Bienestar Social, era amigo personal de López Rega, y participaba de su vocación ocultista relacionada con el espiritismo. El 4 de junio anunció su plan: el “Rodrigazo”, tal como se lo conocería.

     Con el objetivo de paliar el déficit y detener el éxodo de divisas, Celestino Rodrigo recurrió a remedios drásticos: devaluó el peso, asignándole un valor en dólares un 100 por ciento inferior; subió, entre 40 y 80 por ciento, las tarifas de todos los servicios públicos y casi triplicó el precio de la nafta (que en la Argentina incluye un impuesto directo); además se anuló lo actuado en paritarias, disminuyó los subsidios en algunos artículos de consumo popular, levantó los controles de comercialización del ganado y estableció un reajuste del 50%  en las tasas de interés.

     Estas medidas desataron una espiral inflacionaria que llevó la inflación total del año al 308,7%. Los trabajadores en su conjunto resistieron a las nuevas medidas económicas, los sindicalistas volvieron a exigir paritarias y esta vez, recibieron un aumento entre el 150% al 200%. La concesión de semejantes mejoras por parte de los empresarios tuvo relación directa con la idea de desestabilizar económicamente al tercer gobierno peronista: ayudaba a la hiperinflación, el caos económico y el retorno de los militares.

     El gobierno anuló esos incrementos, y anunció un aumento uniforme del 50% y dos adicionales del 15%, esta decisión provocó una crisis política que se expresó en un paro general de cuarenta y ocho horas para el 7 y 8 de julio de 1975, el primero de la CGT a un gobierno peronista. Determinando también así la caída de tanto de José López Rega como de su amigo el ministro de Economía. El “Rodrigazo” implicó una fuerte redistribución del ingreso a favor del sector exportador y deprimió la actividad productiva ligada al mercado interno; de este modo la alianza populista se resquebrajó.