Clase 10/ El gobierno del dr. Raúl Alfonsín, 1983-1989.

 

1) Video:  La recuperación de la democracia (1983-1990) - Ver La Historia

https://youtu.be/A5dyp6M2PVQ

2) Texto.

Clase 8/ Introducción/ Gobierno del dr. Raúl Alfonsín 1983-1984.

El 30 de octubre del año 1983, la Argentina retornó a la senda democrática tras siete años, siete meses y siete días, tras la dictadura mas sanguinaria en lo económico y social de la que se tenga memoria  en toda nuestra historia.

Para llegar a ese día, brevemente debemos recordar un proceso que se inició el 30 de marzo del año anterior, cuando la CGT  liderada por Saúl Ubaldini, convocó a una marcha hacia la Plaza de Mayo, cuyos objetivos plantearon la defensa de la soberanía popular, terminar con la represión que sufría ese mismo pueblo, salarios que permitieran una vida digna, recuperar el aparato productivo, alcanzar una democracia estable y vivir “en una comunidad justa, libre y soberana, con paz, libertad y justicia.”

La movilización desembocó en una batalla campal entre miles de manifestantes que pugnaron por llegar a la histórica Plaza y las fuerzas de seguridad que se extendió durante horas. Otros actos en diferentes ciudades del interior culminaron del mismo modo.

Cientos de trabajadores fueron detenidos (entre ellos el propio líder de la protesta y decenas de dirigentes que lo acompañaron) y otros tantos heridos, inclusive fue asesinado el trabajador dirigente gremial del cemento, José Ortiz, en la provincia de Mendoza. El régimen militar también  fue herido de muerte esa jornada, sin embargo dos días mas tarde se produjo un hecho que esta vez, a contramano del plan original de las Fuerzas Armadas aceleraría el fin del proceso iniciado seis años atrás.

Efectivamente, unos días mas tarde, el 2 de abril nuestro país amaneció con la noticia del desembarco en las Islas Malvinas de un grupo de integrantes de la Marina de guerra, iniciándose de este modo la “recuperación” de las mismas por parte de una Dictadura que intentó de este modo unificar al país tras un enemigo común (Gran Bretaña), ante la crisis económica y social que ya no podía dominar. A poco de producirse este hecho el dictador, general Leopoldo F. Galtieri organizó su propio acto en la Plaza de Mayo, donde le dirigió un discurso de fuerte contenido “guerrero” a una multitud que no era la misma que días antes había sido reprimida .

La Junta Militar estaba dando un “salto al vacío” al no medir las consecuencias internacionales (por ejemplo, la relación entre los EE.UU. y el Reino Unido de la Gran Bretaña, líderes de la OTAN), además de enfrentar con esta acción al colonialismo imperial de estas potencias, creyendo galvanizar al pueblo argentino tras una reivindicación histórica, como lo era la consigna de la soberanía nacional con recuperación de las Islas Malvinas, sin contar además con el apoyo inicial de los países No Alineados y de América Latina a causa de la relación estrecha con el gobierno de Ronald Reagan a quien siguieron en “su lucha contra el marxismo internacional”.

En menos de tres meses, el 14 de junio, los militares que habían asegurado estar derrotando (junto a la complicidad de los medios masivos de comunicación escritos, radiales y televisivos que engañaron a la población acerca del desarrollo de la guera), a uno de los ejércitos mas poderosos del planeta, se rindieron dejando cientos de soldados  muertos , heridos y traumatizados, la mayoría de ellos conscriptos de apenas 18 años de edad, en una aventura que solo sirvió para hundir mas a la Argentina en las crisis que venimos describiendo.

El principio del fin de la Dictadura comenzó a escribirse tras esta rendición incondicional. El 15 de junio el dictador convocó a la Plaza de Mayo para dar un discurso, pero no se presentó. Esa misma noche se produjeron nuevamente disturbios entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad en la histórica Plaza. Se produjo entonces en el ejército y la Junta, el reemplazo del dictador Leopoldo F. Galtieri, por el general Cristino Nicolaides; entretanto continuaron el almirante Leandro Anaya y el brigadier Lami Dozo en aquella institución militar, la cual no resistió la crisis y se disolvió desligándose del ejercicio del poder las dos fuerzas mencionadas, quedando como presidente de facto el nuevo jefe del ejército, el general Reynaldo Bignone; el 1º de julio se anuló la veda política menos para los partidos de ideología  marxistas,  en boca de los propios militares “se acercaba la etapa institucional”.

Sin embargo, la transición fue planteada para que se iniciara el proceso electoral a inicios del año 1984. El nuevo gabinete estuvo conformado por militares y miembros del stablishment económico liberal. Los dirigentes de los partidos políticos se percataron que realmente no hubo cambios y que además, las dos armas que dejaron la Junta (Fuerza Aérea y Marina), no emitieron opinión acerca del supuesto avance en pos de una elección democrática que pregonó el Ejército.

Un dato que hubiera sido anecdótico, de no ser por lo ocurrido electoralmente un año mas tarde, es que aprovechando el levantamiento de la veda política, el 17 de julio, en la Federación Argentina de Box en la Capital Federal, Raúl Alfonsín, realizó el primer acto político ante 3.000 simpatizantes. Entretanto el movimiento obrero dividido en dos centrales sindicales (CGT –Brasil de características combativas liderada por Saúl Ubaldini y CGT Azopardo liderada por Jorge Triaca, dialoguista) convocaron a una movilización a Plaza de Mayo por reivindicaciones salariales el 23 de setiembre (a último momento los dialoguistas no concurrieron) y a un paro general acordado entre ambos sectores el 28 de marzo de 1983.

Al mismo tiempo que este sector, le daba continuidad al enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, los Organismos de Derechos Humanos, organizaron una Marcha por la Vida, que a pesar de su prohibición se llevó a cabo con mas de 10.000 manifestantes el 5 de octubre de 1982. Entretanto el 9 y 10 de diciembre las Madres de Plaza de Mayo, realizaron la 2da. Marcha de la Resistencia.

La Multipartidaria compuesta por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo, con el apoyo del Partido Comunista, el Partido Obrero, el Partido del Trabajo y del Pueblo, y el Movimiento al Socialismo convocó a una marcha a Plaza de Mayo el 16 de diciembre del año 1982.  

La marcha de la cual participaron cientos de miles de personas, culminó a la tarde – noche de ese mismo día con una fuerte represión al intentar un grupo de manifestantes irrumpir en la Casa de Gobierno. Se produjo además el asesinato del obrero Dalmiro Flores frente al Cabildo por parte de policías de civil. El año culminó con un fuerte deterioro en la credibilidad de las Fuerzas Armadas, entre la derrota en la guerra de Malvinas, y la mayor movilización popular exigiendo libertad y democracia no había ya demasiado margen para demorar la salida electoral.

El 28 de abril del año 1983, El dictador general Reynaldo Bignone, respaldado por las tres fuerzas, dio lectura por cadena nacional a un comunicado donde se declaró una futura  Ley de Autoamnistía, desconociéndose la represión ilegal y afirmando que lxs detenidxs desaparecidxs estaban muertxs. El Punto Final a la denominada por los militares “lucha antisubversiva” estaba en marcha. El repudio fue generalizado, hasta el Papa Juan Pablo II se expresó en contra de este decreto y solamente algunos obispos argentinos como Monseñor Antonio Quarracino felicitó “la valentía” de los dictadores. El premio Nobel de la Paz, Antonio Pérez Esquivel inició una huelga de hambre en repudio a esta política pomposamente definida como de “reconciliación”.

El 1º de mayo de 1983, fue asesinado en la provincia de Córdoba el militante popular Raúl Clemente Yaguer, perteneciente a la organización Montoneros. El día 14 de ese mismo mes, fueron secuestrados y desaparecidos los militantes peronistas recientemente liberados de la cárcel, Raúl Cambiasso y Pereira Rossi, (sus cadáveres aparecieron con signos de torturas en un descampado de la provincia de Buenos Aires). Inmediatamente se realizó una marcha de repudio convocada por los partidos políticos y los Organismos defensores de los Derechos Humanos. El día 23 de setiembre se promulgó la ley de Amnistía 22.294, beneficiando a quienes hubieran cometido delitos “subversivos” y a quienes se “excedieron en la represión”, durante el período comprendido entre el 25 de mayo del año 1973 y el 17 de junio del año 1982.

A pesar de esta arremetida militar contra el campo popular, en el mes de junio se iniciaron las internas partidarias  tras la inscripción de los partidos políticos que debieron acreditar 35.000 fichas de afiliación a nivel nacional para ser reconocidos. La respuesta ciudadana no se hizo esperar, 5.610.020 personas se afiliaron a los distintos partidos. El PJ aglutinó cerca de 2 millones de partidarios, la UCR 1 millón y medio, el resto se repartió entre el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista Democrático, el Demócrata Progresista (estos dos últimos concurrieron en alianza a las elecciones del mes de octubre), el Socialista Popular, el Frente de Izquierda Popular y el Comunismo ( estos tres últimos del espacio de la izquierda moderada, nacional y marxista respectivamente) fueron los partidos que lograron reunir los requisitos legales. La derecha se dividió en tres espacios: la Unión de Centro Democrático, liderada por Alvaro Alsogaray, el partido Federal conducido por Francisco Manrique y el FUFEPO, con Cristina Guzmán a la cabeza, que no pudo ser como pretendió el partido de las Fuerzas Armadas.

En este espacio político fracasó el intento del almirante Eduardo Massera con su propio partido Democracia Social por no reunir los afiliados necesarios a nivel nacional; la izquierda trotskysta se dividió en el Movimiento al Socialismo (ex Partido Socialista de los Trabajadores) y el  Partido Obrero. Entre los meses de abril y julio se sucedieron gran cantidad de actos políticos en una sociedad que comenzó a participar masivamente tras diez años sin elecciones. Y fue en este marco que se  produjeron las internas partidarias.

A principios del mes de junio las dos líneas internas del radicalismo comenzaron a disputarse las futuras candidaturas. Ellas eran la Línea Nacional de cuño balbinista apoyando al ex senador Fernando de la Rúa y Renovación y Cambio liderada  por Raúl Alfonsín.

En tanto, el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista, conducida por el ex senador Luis León era francamente minoritaria ante estos dos postulantes. El 12 de junio se iniciaron las internas en dos provincias y prosiguieron hasta el día 10 de julio. El triunfo alfonsinista fue casi absoluto, ya que solo vio la derrota a manos del MAY, en la provincia de San Luis. El 30 de julio la Convención Nacional del radicalismo consagró la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez.

En tanto el peronismo, pareció encaminarse también detrás de dos contendientes, Italo A. Luder ex presidente provisional de la Argentina en el año 1975, y Antonio Cafiero el otro candidato quien fuera ministro de economía también del gobierno de Isabel Perón (quien se en contraba en el exilio en Madrid tras haber estado presa de la dictadura entre los años 1976 y 1981). Pero el problema era que en cada distrito, diferentes referentes se arrogaban mediante su apoyo o no, el triunfo de cualquiera de ambos pre candidatos. Todos en definitiva querían decidir sobre el futuro binomio presidencial.

Se llegó así al Congreso nacional justicialista con un mosaico de tendencias donde el “gran elector” de la provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias referente de la “derecha peronista”, expulsó al cafierismo cuyos congresales no participaron (denunciando la actitud violenta de este sector) de la elección el 4 de setiembre de la fórmula  Italo Luder-Deolindo F. Bittel (este último ex gobernador del Chaco). Por su parte la conducción partidaria quedó constituida con la presidencia de Isabel Perón, el vicepresidente primero el dirigente sindical de la UOM Lorenzo Miguel y el vice presidente segundo el ex gobernador santiagueño, Carlos Juarez.

El 7 de setiembre de 1983, se oficializaron nueve fórmulas electorales. Además de las dos correspondientes a los partidos mayoritarios, se sumaron: Alende – Viale (PI), Frigerio-Salonia (MID), Manrique-Belgrano Rawson (Alianza Federal), Martínez Raymonda-Balestra (Alianza Social Demócrata), Cerro- Ponsati (Democracia Cristiana), Luis Zamora-Silvia Díaz (MAS), Flores-Catalina Guagnini (PO).

El FIP, el partido Comunista y el Socialismo Popular pidieron incluir en sus boletas a los candidatos justicialistas y la justicia electoral se negó. El candidato de FIP fue Jorge Abelardo Ramos y del Socialismo Popular, Estévez Boero. El comunismo entretanto llamó a votar a sus afiliados al binomio Luder –Bittel, junto a los gobernadores peronistas y a candidatos propios a las diferentes legislaturas. Poco antes de las elecciones, el 4 de octubre ambas CGT realizaron el quinto y último paro general a la Dictadura.

La campaña electoral fue subiendo de intensidad entre los principales contendientes (peronistas y radicales). Ambos partidos reunían multitudes en sus respectivos actos y no escatimaron “críticas” o mejor dicho chicanas políticas e insultos tales como las que Herminio Iglesias pre candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PJ le prodigaba a Raúl Alfonsín: “ mas nacido, gusano” y el pre candidato a la presidencia de la UCR le respondía: “aprendiz de Hitler”.

Sin embargo la línea de campaña del radicalismo hizo hincapié en denunciar un supuesto pacto “militar-sindical” y sustentando su propuesta en una consigna (“somos la vida, somos la paz”) que pretendía alejarse de la conflictividad social y política acaecida tras la muerte del general Juan D. Perón entre las distintas facciones del peronismo. Afirmando que el regreso de este movimiento al poder implicaba violencia y muerte. Además según Raúl Alfonsín “la oligarquía sindical, se arregla con las empresas para despedir a los obreros que se les oponen”. Se instituyó así el término “la patota sindical” personificada en el jefe metalúrgico y líder peronista Lorenzo Miguel.

El justicialismo a su vez apeló a la nostalgia de los símbolos, de la figura de Juan D. Perón y Eva Perón, y del regreso al peronismo de las décadas del ’40 y del ’50, sin medir o analizar los cambios producidos en el mundo en los últimos 10 años. Su discurso quedaba a contramano de un radicalismo a su vez alejado de sus históricos líderes antiperonistas y conservadores como Ricardo Balbín o Arturo Illia. Raúl Alfonsín tenía un discurso anti militar, pro derechos humanos e inclusive industrialista.

En sus respectivos cierres de campaña con pocos días de diferencia, en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, ambos partidos reunieron el 25 de octubre, los radicales en primer lugar alrededor de 800 mil personas y el justicialismo dos días mas tarde, casi 1 millón. Pero en este caso, dos hechos quedaron negativamente registrados en esos días y para la historia política argentina. Uno, la desafortunada frase del pre candidato a vicepresidente de la nación, Deolindo F. Bittel, quien afirmó que “entre la liberación y la dependencia, nosotros elegimos la dependencia”, y hacia el final del acto, Herminio Iglesias, quemó un ataúd que tenía pintado el escudo radical. Esta imagen decidió seguramente a miles de votantes por el no voto a un peronismo que apareció violento ante una sociedad que había transcurrido mas de siete año bajo el terror de la violencia estatal.

El 30 de octubre de 1983, la UCR quizás contra todos los pronósticos, tras cincuenta y cinco años ganaba una elección presidencial y en este caso, sin el peronismo proscripto; reuniendo 7.659.530 ( 52%) voluntades contra 5.936.556 (40%) votos del PJ, traducidos en 317 electores contra 259, mientras que otros 22 se repartieron entre el resto de los partidos participantes. Bastiones justicialistas como la provincia de Buenos Aires, vieron el triunfo del alfonsinismo, el cual a presidente obtuvo una ventaja de mas de 500 mil votos (2.800 mil a 2.500 mil votos ), en Córdoba triunfó con mas de 700 mil votos a 500 mil de su principal oponente, el peronismo; ganando también ambas gobernaciones (en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Armendáriz de la UCR le sacó 600 mil votos de diferencia a Herminio Iglesias). En tres provincias triunfaron los partidos de vieja raigambre local, en Corrientes la gobernación fue para el Partido Autonomista Liberal, San Juan para el Bloquismo y en Neuquén para el Movimiento Popular Neuquino.

En la Cámara de Diputados la UCR obtuvo mayoría absoluta con 131 legisladores contra 112 del peronismo; la UCD, el Partido Intransigente y partidos provinciales también tuvieron sus legisladores. En la Cámara de Senadores se produjo un resultado inverso con mayoría peronista (aunque no absoluta), 21 contra 18 del radicalismo, mas dos senadores para el bloquismo de San Juan, dos para el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes, dos para el Movimiento Popular Neuquino, y uno para el MID.

El alfonsinismo como corriente “nueva” en el seno del radicalismo, supo captar a un electorado que se mostró “independiente” tras la alta conflictividad socio-económica que fue in crescendo tras el fallecimiento del líder histórico del justicialismo Juan D. Perón.

El desgobierno de su esposa en el ejercicio del poder junto a la influencia de su ministro de Bienestar Social, José López Rega, en el marco de una crisis internacional desatada a causa de la crisis del petróleo en el año 1973, aceleraron una nueva interrupción democrática por parte de las Fuerzas Armadas.

Una sociedad harta de la violencia que se extendió durante años, tanto social (sobre la militancia política en general) y económica sobre el 80% de los argentinos, fue seducida por un nuevo liderazgo que rescató la esencia yrigoyenista del partido radical y le agregó consignas y propuestas ligadas al fin del autoritarismo del estado burocrático militar. A tal punto que comenzó a plantearse de manera entusiasta el inicio de un tercer movimiento histórico.

Claramente, Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias, Italo Luder, como referentes políticos distaron de estar a tono de una Argentina que salía de una Dictadura cívico-militar genocida en todos los planos de la vida en sociedad.

El 10 de diciembre se inició un nuevo ciclo democrático en el SXX. Para los radicales triunfantes fue definido como “El regreso de la Democracia”, sin embargo, en esta frase se escondió el apropiamiento del concepto “democracia-democrático”, ya que sutilmente no tomó como una vuelta a este sistema las elecciones del año 1973, donde tras casi dieciocho años en elecciones sin proscripciones (las cuales la UCR había aceptado durante todo ese período) el peronismo regresó al gobierno.

Pero era el momento de la UCR y el lema al menos durante sus primeros cuatro años de gobierno, fue el que intentó orientar cada acción de Raúl Alfonsín: “Con la democracia se come, se cura y se educa”; fue un latiguillo recurrente en sus discursos de campaña que intentó demostrar que con solo vivir en este sistema el resto de la problemática económico-social (solo por citar una) se resolvería. Pareciera que no se tuvieran en cuenta los poderes económico-financieros fortalecidos con la dictadura y las Fuerzas Armadas que aún fuera del esquema gubernamental mantenían su influencia y su poder. Ambos sectores en poco tiempo lo demostrarían.

Su discurso de asunción aquél mediodía caluroso del 10 de diciembre, lo hizo ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo. Desde los balcones del Cabildo recitó de memoria el preámbulo de la Constitución Argentina redactado en el año 1853. Mas allá de alguna crítica a éste como doctrina política mas propia de mediados del SXIX que de finales del SXX, cobró total vigencia tras mas de siete años donde aquella fue violada sistemáticamente por los militares y sus cómplices civiles.

Algunos de los compromisos asumidos por el presidente electo ante el Congreso de la Nación aquél día fueron: Derogación de la Ley de Amnistía, eliminación de las denominadas “listas negras” y censura en el ámbito cultura, reemplazo de la Doctrina de Seguridad Nacional y subordinación de los militares al poder civil, relaciones exteriores independientes que implique una solución pacífica de los conflictos, junto a una mayor vinculación con los países latinoamericanos, establecer en el plano sindical el sindicato único por rama de producción y quitarle la personería gremial a aquellos sindicatos que se involucraran en política partidaria, Plan Alimentario Nacional, protección de la industria con nuevas políticas arancelarias y cambiarias, reforma administrativa del estado, dirección tripartita de las universidades, y obra públicas sustentada en lo energético con las represas hidroeléctricas.

El gabinete contó con tres miembros del tronco alfonsinista: el Secretario General de la Presidencia, Germán López, el ministro de Defensa Raúl Borrás y el de Economía Bernardo Grinspun.

Los denominados históricos fueron: de Interior Antonio Tróccoli, de Educación, Alconada Aramburú y de Obras y Servicios Públicos, Roque Carranza. Y aquellos que aparecieron como “nuevos”, Dante Caputo en Relaciones Exteriores, en Trabajo el sindicalista gráfico Antonio Mucci y en Salud Pública y Acción Social Aldo Neri. El Intendente designado para la Capital Federal fue Julio Saguier, el vocero presidencial José Ignacio López y en las Fuerzas Armadas el jefe del Estado Mayor Conjunto fue el general Julio Fernández Torres, Jorge Arguindegui en Ejército, el almirante Ramón Arosa en Marina, y el brigadier Teodoro Waldner en Fuerza Aérea.

Apenas asumió el gobierno Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en materia de Derechos Humanos durante la Dictadura cívico-militar. Si bien no tuvo función ejecutiva, sí estuvo habilitada para recabar toda clase de información en diferentes entidades y organismos, incluidos los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de seguridad. Sus integrantes fueron personalidades de diferentes ámbitos como el escritor Ernesto Sábato, el médico Renée Favaloro, el científico Gregorio Klimovsky, el rabino Marshall Meyer, el obispo Jaime de Nevares, el ex rector de la UBA durante el gobierno de Arturo Illia, Ricardo Colombres ex integrante de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Arturo Frondizi, Carlos Gattinoni obispo de la Iglesia Metodista fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel reusó integrara la Comisión la cual también fue criticada por los Organismos de Derechos Humanos que exigieron Juico y Castigo inmediato a los responsables del terrorismo de estado sin dilaciones. Hacia finales del mes de diciembre, el gobierno dio una respuesta que tampoco los satisfizo, ya que ordenó enjuiciar a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, (nueve en total), en medio de las provocaciones del ex jefe de la policía bonaerense el general RE Ramón Camps, quien afirmó u él personalmente había enterrado 5000 personas en tumbas N.N. Esta decisión (la del denominado Juicio a las Juntas), fue acompañada por detención también de ex integrantes de las cúpulas guerrilleras como el ex gobernador de la provincia de Córdoba Ricardo Obregón Cano y Oscar Bidegain ex gobernador de la provincia de Buenos Aires (éste logró escapar), pertenecientes a Montoneros.

Ley de “reordenamiento sindical”.

Para el gobierno era imperante entre otras cuestiones debilitar al sindicalismo peronista, el cual se vislumbraba como un fuerte opositor. La derrota electoral del justicialismo había dejado bajo la definición por sus propios partidarios a los dirigentes de su partido de “Mariscales de la Derrota”. Deslegitimados estos últimos, la CGT y las “62 Organizaciones Sindicales peronistas” fueron los estamentos que comenzaron rápidamente a liderar la oposición al gobierno radical. 

Si bien muchos de los dirigentes sindicales sufrieron cárcel (como Lorenzo Miguel que estuvo tenido cinco años en un barco de la Marina junto a cientos de militantes y dirigentes peronistas) Raúl Alfonsín durante su campaña instaló fuertemente en la sociedad la idea del “Pacto sindical-militar”. Idea que pudo consolidarse ante la memoria colectiva de la violencia política de los años setenta de al cual también el sindicalismo fue protagonista, como víctima y como victimario.

Si bien hubo resistencia obrera a la Dictadura y como ya dijimos muchos de los dirigentes cuestionados estuvieron presos o exiliados, Casildo Herreras con su mítica frase en el año 1975 “Yo me borré”, o la imagen de la quema del cajón con el escudo radical en el cierre de campaña electoral justicialista alcanzó para que el gobierno creyera que tenía el aval social necesario para desarticular el poderío gremial.

La mas conocida como “Ley Mucci” intentó terminar con un apotegma legal del primer peronismo de un sindicato por rama de producción. El pretexto era democratizar os sindicatos y terminar con la prevalencia en sindicatos de alta concentración afiliatoria mas el anejo de sus obras sociales, en manos de un mismo dirigente durante décadas. Esto quebraría al hegemonía peronista en la industria, el comercio, los transportes.

En la Cámara de Diputados la ley fue aprobada sin inconvenientes. Pero el gobierno no contó con la unidad de las dos CGT, (Brasil y Azopardo), el 25 de enero de 1984  en una conducción cuatripartita: Saúl Ubaldini y Oscar Borda por la primera y Ramón Baldassini y Jorge Triacca por la segunda. Solo la denominada Comisión de los 20 inició conversaciones con el gobierno. La capacidad de operación política estaba intacta y en la Cámara de Senadores, el 14 de marzo por 24 votos a 22 la Ley quedó archivada. El MID y el MPN apoyaron la postura justicialista. Afuera del Congreso decenas de miles de trabajadores nucleados en sus diferentes sindicatos festejaron esta primer derrota política de Raúl Alfonsín.

En tanto Bernardo Grinspun durante el año 1984 se abocó a desarrollar una negociación con el Fondo Monetario Internacional relacionada con la Deuda Externa heredada de la Dictadura cívico-militar; su definición de la situación fue de carácter político, no económico, centrando su visión en los países acreedores y no en las “fuerzas del mercado”.

En el mes de junio de ese año se dio a conocer la denominada “carta de intención” por la cual se le puso en claro al FMI, le necesidad de tener su apoyo a causa de los pagos inmediatos que debía hacer el gobierno argentino; de hacho en el mes de setiembre vencieron 750 millones de dólares que no fueron pagados. A partir de esta situación a finales de ese mismo mes el FMI aprobó la “carta de intención” y en diciembre le otorgó un préstamo de 4.200 millones de dólares d los cuales 665 correspondieron a un stand by (crédito puente) que se haría efectito siempre y cuando el gobierno accediera al involucramiento del FMI en las políticas económicas nacionales.

El otro problema económico que debió enfrentar el gobierno fue el inflacionario el cual llegó a 276,3 % en el año 1984. La concertación entre la Unión Industrial Argentina y la CGT fracasó a causa de las demandas corporativas que impidieron un acercamiento entre ambas instituciones. El 3 de setiembre se produjo el primer paro general de la CGT.

A inicios del año 1984 el Congreso Nacional aprobó un mecanismo por el cual las sentencias de los tribunales  militares pudieran ser revisadas en segunda instancia por los tribunales civiles. Al tiempo que se solicitó al Brasil la extradición de los dirigentes Montoneros Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja, lo cual fue visto como una concesión necesaria a las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles para poder juzgarlos.

Al jefe máximo de esa organización guerrillera, Mario Firmenich, se le acusó del atentado y muerte del empresario Francisco Soldatti y del atentado contra el economista Juan Alemann; además del secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born. Todo ello a pesar de la carta dirigida en el mes de noviembre del año anterior al presidente electo, donde Montoneros realizó una autocrítica de todo lo actuado y se puso a disposición de la democracia.

El gobierno comenzó a instalar la denominada “Teoría de los dos Demonios”, que equiparaba el accionar represivo del aparato terrorista estatal con el de las organizaciones guerrilleras, y de la militancia social en general. Entretanto cientos de presos políticos esperaron meses para su liberación, el general RE Mario B. Menéndez que entregó vestido de gala las Islas Malvinas atacó con un cuchillo a manifestantes que lo “escracharon” en la vía pública, al ex funcionario del ministerio de economía de la Dictadura, Guillermo Walter Klein le encontraron documentación relacionada con la represión ilegal y se comenzaba a citar a los integrantes de las Juntas por este tema y la guerra de Malvinas.

En el mes de setiembre, el día 20, la CONADEP, entregó el resultado de su trabajo al residente de la nación que constó de carpetas con 9 000 denuncias de desapariciones de personas y el hallazgo de 340 centros de detención clandestinos (campos de concentración) y 1300 miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en el genocidio. Esta presentación fue realzada con una gran convocatoria a la Plaza de Mayo donde no concurrieron las Madres de Plaza de Mayo ya que objetaron la equiparación del terrorismo de estado con el accionar de la guerrilla, y como ya aseveramos, con una militancia social que no estuvo involucrada con acciones armadas pero sufrió la represión de todas formas.

Otra característica del informe fue el detectar el robo de bienes mueble y objetos variados de las propiedades de los detenidos-desaparecidos. Como así también el dejar en claro el accionar estructural e institucional de las Fuerzas Armadas. El 30% de las denuncias correspondió a obreros, 21% estudiantes, 18% empleados, 10% profesionales 5 % docentes. El día 21 de setiembre fue creada la Secretaría de Derechos Humanos del ministerio del Interior, y el 2 de octubre ante la lentitud manifiesta de los tribunales militares se produjo el traspaso a la justicia civil, el punto de inicio del Juicio a las Juntas.

Los jueces designados de la Cámara Federal fueron: Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Laavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma, mientras los dictadores Jorge R. Videla, Roberto Viola, Eduardo E. Massera y Orlando R. Agosti cumplían prisión rigurosa. La consigna del gobierno fue: “Porque somos la vida, hay juicio a la muerte”; sin embargo los militares plantearon que era como el Juicio de Nüremberg pero al revés” ya que allí se juzgó a lo derrotados y aquí “se juzga a los vencedores”. Por su lado las Madres de Plaza de Mayo estaban en alerta ya que no aceptaron que solamente se juzgara a n pequeño grupo de Comandantes dejando de lado a miles de responsables subalternos de diferentes grados en el escalafón de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo los testimonios de los sobrevivientes al genocidio comenzaron a dejar en claro el accionar planificado del aparato estatal terrorista liderado por las Fuerzas Armadas. Por ejemplo declaraciones como las del dirigente docente Alfredo Bravo, secuestrado y torturado, el joven Pablo Díaz único sobreviviente de “La noche de los lápices”, Melchor Basterra uno de los pocos sobrevivientes de la ESMA, fueron parte de casi mil testimonios, muchos de los cuales no pudieron llegar a expresarse a causa de los tiempos establecidos para el Juicio. Apareció la primer nieta recuperada de manso de una familia cuyo padre sustituto formó parte de la banda terrorista  Triple AAA; era la niña Carla Artés quien fue restituida a su abuela Matilde Artés Company. Sin embargo las Abuelas de Plaza de Mayo criticaron al gobierno por no emprender una búsqueda organizada desde el Estado para estos casos.

La detención, juicio, y encarcelamiento a diez años del ex gobernador de la provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, acusado de haber pertenecido a la conducción de Montoneros abrió la teoría del gobierno denominada de “Los dos Demonios”, la cual fue cuestionada por el conjunto de los Organismos de Derechos Humanos y diferentes partidos políticos. El 18 de setiembre se pidió formalmente la prisión perpetua para Jorge R. Videla, Orlando R. Agosti, Eduardo E. Massera, Roberto E. Viola y Julio Lambruschini. El 9 de diciembre fueron condenados  Videla y Massera a prisión perpetua, Viola a diecisiete años de detención, Lambruschini a ocho años y Agosti a cuatro años y medio. En tanto Leopoldo F. Galtieri, Leandro Anaya, Omar Graffigna y Lami Dozo, también ex Comandantes de las Juntas fueron absueltos. A pesar de la defensa del gobierno a estos fallos quedó en el conjunto de la sociedad un sabor amago por estas absoluciones y el no juzgamiento de miles de represores quienes también secuestraron, torturaron, asesinaron, robaron bebés, bienes materiales. El denominado Punto Final para estos casos aberrantes estaba en marcha.

Hacia finales del año 1984, hubo que resolver el diferendo limítrofe con Chile. El 18 de octubre en el Vaticano representantes de ambas naciones firmaron un acuerdo adhiriendo a la resolución papal del año 1977. No obstante el gobierno convocó a un referéndum para el día 25 de noviembre con dos consignas: SI O NO a la propuesta del sumo pontífice.

La campaña del gobierno se centró en un SI A LA PAZ o de lo contrario era votar por la guerra. El justicialismo criticó el carácter no vinculante de la propuesta y la fala de otras alternativas ara otra. Otros partidos políticos como el Intransigente, Comunista, la Democracia Cristiana, apoyaron la iniciativa de la UCR. Junto al peronismo, el Partido Obrero y el Movimiento al Socialismo se pronunciaron por la abstención.

Un sector del peronismo encabezado por el entonces senador por Catamarca, Leónidas Saadi se pronunció por el NO, junto a pequeños agrupamientos de la derecha nacionalista, mientras que el gobernador justicialista de La Rioja encabezó junto a Raúl Alfonsín actos por el SI. El plebiscito con una concurrencia del 70% del electorado (recordemos que no era obligatorio ir a votar) le dio un 81 & al SI contra un escaso 17 % al NO.

Profesor G Batista.

3) Video.

Ultima Cadena Nacional de Raúl Alfonsín. 1989.

Archivo RTA

https://youtu.be/gZ5-7u8ch3Q

Clase completa, nos seguimos leyendo saludos cordiales,